En algún momento de la última década, el mundo empezó a aceptar la guerra como algo inevitable. Las guerras de agresión, como las de Ucrania, el Líbano o Irán, aumentan y siembran horror, ruina y el temor a una confrontación global. Los gobiernos piensan cada vez más en la guerra como algo para lo que hay que prepararse y presupuestar. El gasto militar no deja de crecer, las carreras tecnológicas y armamentísticas se intensifican, y cada vez más países se plantean si deberían dotarse de un arsenal nuclear disuasorio que garantice su seguridad.
No hay nada más peligroso que normalizar la guerra. Supone regresar a una norma que imperó durante la mayor parte de la historia de la humanidad. La guerra era el eje vertebrador del sistema internacional. Era la vía natural por la que los Estados zanjaban sus disputas o ensanchaban su territorio a costa de vecinos más débiles.
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Pero la inmensa devastación que produjeron las dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX hizo inaceptable ese statu quo. Los países se unieron en un empeño común: que la guerra dejara de ser un instrumento legítimo de la política de Estado y pasara a ser un acto ilegal. Las guerras no terminaron en 1945, pero durante años la comunidad internacional las condenó de forma abrumadora.
En las últimas décadas, sin embargo, el compromiso de los gobiernos con la causa de la paz se ha debilitado. En 2003, millones de personas salieron a las calles en cientos de ciudades para oponerse a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos. Y, aun así, la guerra siguió adelante. Iniciada a partir de premisas falsas y en violación del derecho internacional, arrasó Irak, agravó la inestabilidad regional y avivó el resentimiento y el terrorismo contra los países occidentales. Aquel conflicto marcó, además, un punto de inflexión. Desde entonces, la búsqueda de la paz ha ido retrocediendo en la agenda internacional, arrinconada por la creciente competencia geopolítica y la desatención o la indiferencia hacia los esfuerzos multilaterales que durante décadas pusieron freno a la guerra.
Este camino conduce a una nueva guerra mundial: la catástrofe que el orden del siglo XX se propuso evitar. Ante ese futuro sombrío en el horizonte, los gobiernos deben reaprender el arte de oponerse a la guerra. Todos los países, incluido el mío, España, tienen la responsabilidad de actuar para limitar la capacidad de otros de librar la guerra y para fortalecer las instituciones internacionales que han de ser garantes de la paz.
El éxito de este proyecto dependerá de un multilateralismo expansivo, al que yo llamo «maxilateralismo»: una cooperación que abarque al mayor número posible de países, en lugar de limitarse a pequeñas coaliciones ad hoc. Su ambición es que la guerra resulte cada vez más inviable, incluso inimaginable. En 2003, manifestantes por toda España coreaban «¡No a la guerra!». En 2026, el mundo no puede volver a ignorarlos.
UNA ESCALADA PELIGROSA
Los esfuerzos internacionales por desterrar la guerra como instrumento de política nacional se remontan al Pacto Briand-Kellogg de 1928, un tratado firmado en París por 15 países, al que posteriormente se sumaron decenas más. No bastó para impedir la Segunda Guerra Mundial, pero plantó una semilla. Cuando representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en 1945 para crear las Naciones Unidas, recuperaron el espíritu y los principios del Pacto y añadieron lo que había faltado: estructura institucional. La Carta de Naciones Unidas prohibió recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Y, a diferencia de su predecesor de 1928, respaldó esa prohibición con instituciones facultadas para hacerla cumplir.
En las décadas siguientes, estas instituciones levantaron un orden que castigaba las violaciones al derecho internacional e incentivaba la cooperación y la diplomacia. Al mismo tiempo, el rechazo popular a la guerra y al militarismo de la Guerra Fría cobraba fuerza en todo el mundo. Se hizo visible en la resistencia a la guerra de Vietnam y en los movimientos de masas contra las armas nucleares. El pacifismo alcanzó su punto álgido en los años noventa, cuando una sociedad civil global pujante se movilizó en defensa de causas humanitarias y Naciones Unidas tenía autoridad para abanderar una ambiciosa agenda de paz.
Hoy, sin embargo, hay más conflictos armados que en ningún otro momento desde 1946. Según el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala, en 2025 hubo 65 conflictos activos con participación estatal, el doble que en 2010. Se calcula que en estos conflictos murieron 250.000 personas: la cifra anual más alta desde el genocidio de Ruanda hace más de 30 años. Cerca de 120 millones de personas en todo el mundo siguen desplazadas por la guerra.
Y lo más inquietante: las guerras de agresión, que violan la Carta de Naciones Unidas, están de vuelta. Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos e Israel atacaron Irán. Y mientras los combates se prolongan año tras año en lugares como el Líbano, Sudán o Yemen, resulta evidente que la guerra está siendo aceptada de nuevo como algo normal.
No hay nada más peligroso que normalizar la guerra.
Nada indica que esta tendencia vaya a frenarse. Los presupuestos militares se han disparado hasta niveles no vistos en generaciones, en detrimento del gasto social y de desarrollo. Solo en la última década, el gasto mundial en defensa ha aumentado más de un 40 %, y muchos países han duplicado sus presupuestos militares. Los casi 3 billones de dólares que el mundo destina cada año a defensa se acercan al producto interior bruto de todo el continente africano. Incluso países con una larga tradición de contención militar, como Alemania, Dinamarca, Japón y Noruega, se están rearmando a toda velocidad, y algunos están recuperando el servicio militar.
Aún más estremecedor es el regreso de la amenaza de guerra nuclear. Los nueve Estados con armas nucleares están modernizando sus arsenales y aumentando su capacidad destructiva. Se calcula que el arsenal de China ha pasado de entre unas 200-300 cabezas nucleares a finales de la década de 2010 a 620 este año. Corea del Norte también ha ampliado el suyo, de entre 10-20 cabezas estimadas en 2018 a unas 60 este año, y ha desarrollado plataformas de lanzamiento cada vez más sofisticadas. En marzo, Francia anunció el primer aumento de su número de cabezas nucleares desde 1992. Estados Unidos y Rusia, las dos mayores potencias nucleares del mundo, no han sido capaces de preservar el último tratado que ponía límites a sus arsenales estratégicos. Y cada vez más potencias no nucleares han empezado a plantearse adquirir armas nucleares propias.
Al mismo tiempo, la inteligencia artificial (IA) está dotando a la guerra de armas cada vez más peligrosas. La supervisión humana se reduce progresivamente a medida que la IA permite automatizar ciberataques contra redes eléctricas, hospitales y sistemas financieros. Hay sistemas de IA que ya han logrado infiltrarse en organismos públicos y han hecho posible la producción masiva de deepfakes y de campañas de desinformación.
La integración de la IA en las tecnologías nucleares es una amenaza existencial: al acelerar la toma de decisiones, comprime el tiempo disponible para el juicio humano. Del mismo modo, el uso de la IA en biotecnología podría rebajar drásticamente las barreras a la experimentación nociva y al desarrollo de armas biológicas. En ambos terrenos, esta tecnología está elevando a niveles sin precedentes el riesgo de errores de cálculo, de escaladas involuntarias y de destrucción masiva.
En conjunto, estas dinámicas multiplican las probabilidades de que cualquier crisis desemboque rápidamente en la aniquilación del planeta. Por desgracia, los países están fabricando los instrumentos de la catástrofe a la velocidad vertiginosa de la innovación, mientras que los instrumentos de control avanzan al ritmo, mucho más lento, de la diplomacia.
LA GUERRA NO ES LA SOLUCIÓN
Los cambios políticos están alejando al mundo de la paz. Lo empujan hacia la militarización y la confrontación. Un mundo multipolar no es, por definición, más peligroso. Pero la erosión de las normas y de las instituciones que deberían encauzar las tensiones entre los distintos polos está provocando que el mundo se vuelva especialmente volátil. La competencia entre grandes potencias se intensifica: las ansias de hegemonía alientan políticas exteriores agresivas y los Estados revisionistas desafían las normas y las fronteras establecidas. El nacionalismo beligerante crece. Los movimientos de extrema derecha promueven una visión del mundo en la que las relaciones internacionales son un juego de suma cero y los países deben competir en lugar de cooperar. Incluso dirigentes de centro están adoptando la retórica de la guerra. Aunque no pretendan iniciar una, sus palabras abonan una mentalidad militarista peligrosa.
En este clima de rivalidad, las guerras de agresión se envuelven en discursos de necesidad, liberación, legítima defensa o justicia histórica. Los agresores presentan sus operaciones como inevitables, después de haber demonizado a sus adversarios para justificar un ataque preventivo. Venden cada guerra como la respuesta a la inseguridad: la guerra que acabará con todas las guerras.
Pero estas guerras no harán del mundo un lugar más seguro. Cada vez que un Estado desata una guerra de agresión, erosiona las normas que protegen a todos los países frente al uso arbitrario de la fuerza, incluido el propio Estado agresor.
Las guerras tienen un coste inmenso. Destrozan sociedades y truncan vidas. En 2025, según los registros de Naciones Unidas, al menos un civil murió en conflicto armado cada 14 minutos, y más de cinco millones de personas se vieron obligadas a huir de sus países. El coste económico también es altísimo. La guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán ha alterado gravemente el comercio marítimo y el tráfico aéreo y ha disparado los precios de la energía, los fertilizantes y otras materias primas. Millones de personas en todo el mundo están sufriendo las consecuencias.
La guerra genera, además, nuevos peligros. Una vez que empiezan los combates, su rumbo es imprevisible. Los conflictos tienden a arrastrar a nuevos actores y a desbordarse hacia los países vecinos. La guerra de Irán vuelve a ser un ejemplo claro. Desde febrero de 2026, Irán ha atacado objetivos en varios países del Golfo y de su entorno, acciones que España ha condenado sin excepción. Los ataques contra buques civiles y mercantes amenazan la estabilidad del conjunto de la región. Y la guerra ha reavivado los conflictos de Irak, el Líbano y Yemen.
Por último, las guerras rara vez traen una paz duradera. Al contrario: ahondan los agravios y enquistan las divisiones que alimentan la violencia del mañana. La guerra de Rusia en Ucrania, por ejemplo, ha dinamitado la confianza en Moscú. El genocidio en Gaza ha exacerbado la indignación contra Israel, y eso podría desembocar en nuevas oleadas de terrorismo. Y la guerra contra Irán ha desestabilizado aún más la región y ha lastrado la cooperación entre sus países.
CÓMO OPONERSE A LA GUERRA
El mundo tiene la responsabilidad de resistirse a la normalización de la guerra. Callar es un acto de cobardía y de complicidad. La sociedad española está dejando clara su posición: tres de cada cuatro españoles señalan la guerra como su mayor temor. Y un número aún mayor cree que se cierne otra guerra mundial.
Pero no basta con condenar la guerra en abstracto. La ambición de acabar con ella debe ir acompañada de acciones concretas que hagan cada vez más difícil que los países inicien, sostengan y justifiquen un conflicto armado.
España ha procurado actuar en esa dirección. Ha defendido las normas internacionales que marcan la diferencia entre un orden basado en reglas y otro gobernado por la fuerza. Y ha denunciado siempre los ataques armados que violan la Carta de Naciones Unidas.
Desde el primer día de la guerra en Gaza, España ha reclamado un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de todos los rehenes y la entrada sin restricciones de la ayuda humanitaria. En mayo de 2024, España reconoció el Estado de Palestina con la esperanza de que este paso contribuyera a avanzar hacia una solución negociada y duradera del conflicto. Y ha apoyado activamente los esfuerzos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional para que los dirigentes israelíes rindan cuentas por sus violaciones del derecho internacional humanitario. Israel tenía derecho a la legítima defensa tras los atentados terroristas del 7 de octubre. Pero ese derecho no justifica el genocidio en Gaza ni la expansión de la ocupación ilegal de Cisjordania.
Disuadir la guerra exige también elevar el coste de la agresión. El resto del mundo debe asegurarse de que quien elija hacer la guerra no pueda hacerlo sin pagar un precio. A lo largo de la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo, la Unión Europea ha aprobado sucesivas rondas de sanciones contra Rusia que España ha respaldado sin titubeos. España también ha prestado a Ucrania ayuda financiera, humanitaria y militar para que pueda defender su territorio y negarle a Rusia el botín de guerra.
Los países deben negarse a ayudar a las partes a extender los conflictos en curso. España, por ejemplo, mantiene un embargo de armas a Israel desde 2023. Este año, además, negó a Estados Unidos el uso de su territorio y de sus instalaciones para la guerra contra Irán. La decisión de España no fue un acto de hostilidad hacia un aliado. Tampoco fue una expresión de neutralidad ni de simpatía hacia el régimen iraní. Fue el fruto de una valoración estratégica: implicarse habría favorecido la escalada del conflicto y agravado la inseguridad regional y mundial. Para ser fiel a su compromiso con la paz, España tenía que estar dispuesta a decir no, aunque eso tuviera un coste político. Si más países hubieran actuado igual, las guerras de Gaza y de Irán habrían sido mucho más difíciles y costosas de librar.
Invertir en prosperidad es igualmente esencial. La seguridad crece cuando las sociedades son resilientes, las desigualdades se reducen y la ciudadanía puede confiar en las instituciones públicas. La decisión de España, el año pasado, de no asumir el objetivo de gasto en defensa del 5 % del PIB propuesto por la OTAN refleja esta visión. No nace de una falta de compromiso con la defensa europea. De hecho, mi Gobierno ha sido uno de los principales impulsores de la autonomía estratégica de la Unión Europea, triplicando el gasto neto en defensa en los ocho años que llevo en el cargo. Pero la disuasión militar y el bienestar social deben reforzarse mutuamente. Al mantener un gasto en defensa proporcionado, España ha conservado el margen fiscal necesario para invertir 145.000 millones de euros adicionales en protección social, vivienda, sanidad y educación, y más de 30.000 millones en la transición ecológica. Son políticas que cohesionan la sociedad y, por tanto, la hacen más segura.
UN ESFUERZO COLECTIVO
Los esfuerzos de un solo país tienen, sin embargo, un alcance limitado. Cortarle el oxígeno a la guerra exige la implicación de todos: un esfuerzo colectivo basado en un multilateralismo genuino. Esta es la única estrategia que ha funcionado en el pasado. El sistema multilateral construido tras la Segunda Guerra Mundial abarcaba todo el planeta y contribuyó a preservar la paz entre las grandes potencias y a evitar una tercera guerra mundial.
Reforzarlo no será tarea fácil. La pugna geopolítica y una desconfianza generalizada han debilitado a Naciones Unidas, los organismos financieros internacionales, las organizaciones regionales y otras instituciones multilaterales. Muchos países las perciben como ineficaces y atrapadas en una crisis perpetua, de modo que están recurriendo a marcos alternativos para intentar poner fin a las guerras.
Algunos han optado por enfoques unilaterales, persiguiendo acuerdos transaccionales que acaban beneficiando a élites económicas y políticas y dejan al margen a las poblaciones afectadas por el conflicto. Los altos el fuego o los acuerdos de paz que logran pueden ser preferibles a la continuación de la guerra, pero cualquier paz impuesta por la ley del más fuerte, y no por el derecho, se asienta sobre cimientos frágiles.
Hoy, hay más conflictos armados que en ningún otro momento desde 1946.
Otros países, frustrados con el multilateralismo, han intentado formar «coaliciones de voluntarios» u otros grupos «minilaterales» para garantizar su seguridad o alcanzar acuerdos ad hoc en materia de comercio o tecnología. Este enfoque puede ser una solución temporal a la parálisis de las instituciones tradicionales, pero su carácter excluyente fragmenta aún más un orden internacional ya dividido. Lo que necesitamos no es minilateralismo, sino maxilateralismo. La cooperación internacional alcanza su verdadera fuerza cuando es—o aspira a ser—universal. Dejar a una parte del mundo fuera de estos esfuerzos es, además, incubar la confrontación de mañana.
El sistema internacional del siglo XX no era perfecto. Sus normas se han aplicado de manera desigual, sus principios se han defendido de forma inconsistente y sus procedimientos han sido desesperantemente lentos. Pero es innegable que, sin él, el mundo sería un polvorín aún mayor. Basta un ejemplo: fue una red de tratados internacionales—entre ellos, el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares—la que puso fin a una carrera armamentística desbocada y extraordinariamente costosa que estaba llevando al mundo al borde de una guerra nuclear.
Toda esta arquitectura institucional se está resquebrajando. Y sin ella, aspirar a preservar la paz es una quimera.
UN MANDATO PARA REFORMAR
Fortalecer las instituciones multilaterales debe ser el eje central de una campaña global para relegar la guerra a los libros de historia. Para ello será necesario acometer reformas de calado que les devuelvan la legitimidad y refuercen su capacidad de actuación, dando prioridad a las medidas que más contribuyan a la paz y la seguridad.
La primera pasa por aumentar la representación en las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods. Actualizar la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es especialmente importante, dada su responsabilidad principal de mantener la paz internacional. Un Consejo de Seguridad con asientos permanentes y derecho de veto para las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que en conjunto suman apenas una cuarta parte de la población mundial, no refleja el mundo de hoy. Debe ampliarse el número de miembros electos del Consejo y alargar su mandato más allá de los dos años actuales. Los nuevos asientos deben otorgarse principalmente a países de regiones infrarrepresentadas, en particular África y América Latina. Organizaciones regionales como la Unión Europea y la Unión Africana también deberían estar representadas en el Consejo, posiblemente ocupando puestos que hoy corresponden a Estados. Un Consejo de Seguridad más representativo no solo sería más justo, sino también más eficaz. Los países defienden y hacen cumplir con más empeño las normas internacionales cuando se sienten autores de ellas.
También hay que restringir estrictamente el poder de veto de los miembros permanentes, en especial cuando el Consejo de Seguridad delibere sobre casos de atrocidades masivas, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En última instancia, el veto debe abolirse por completo. Solo entonces podrá el Consejo responder a todos los actos de agresión sin quedar secuestrado por las objeciones de un solo Estado.
Un espíritu similar debería orientar la transformación estructural de las instituciones financieras internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La distribución del poder de voto en ambas sigue reflejando los equilibrios económicos del siglo XX y, por convención, un europeo está siempre al frente del FMI y un estadounidense, del Banco Mundial. Esto debe terminar. Las economías emergentes necesitan una representación más adecuada, y los puestos de liderazgo deben estar abiertos a todos los candidatos, sea cual sea su nacionalidad. También deberán evolucionar las responsabilidades que asumen en instituciones como la Organización Mundial del Comercio los países antes considerados «en desarrollo», a medida que crecen y se incorporan al grupo de las economías más ricas. Una gobernanza económica más justa aliviaría la desigualdad y el resentimiento que con tanta frecuencia atizan la inestabilidad y los conflictos.
Callar es un acto de cobardía y de complicidad.
Otra reforma esencial consiste en revitalizar el marco internacional que contiene el riesgo de escalada nuclear. Parte de ese trabajo depende de las potencias nucleares. Corresponde a Estados Unidos y a Rusia negociar un tratado que suceda al acuerdo bilateral Nuevo START y que preserve topes verificables al despliegue de armas nucleares. Y, esta vez, China debería participar en las conversaciones.
Pero el esfuerzo más amplio exige el compromiso de todos los países. Entre sus prioridades deben figurar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, para impedir que se reanuden las pruebas nucleares, y el avance de las negociaciones sobre un Tratado de Prohibición de la Producción de Material Fisionable, que prohibiría la producción de uranio altamente enriquecido y plutonio para armas nucleares. Todos deben también trabajar conjuntamente para regular el uso de la IA en el ámbito militar, especialmente en lo que respecta a las armas nucleares, a fin de preservar el control humano sobre las decisiones de lanzamiento y minimizar el riesgo de errores fatales. Los países no nucleares deben comprometerse a no adquirir armas nucleares y deben emplear todos los medios a su alcance para instar a las potencias nucleares a reducir sus arsenales, reforzar los mecanismos de verificación y reconstruir las salvaguardas diplomáticas que durante décadas han ayudado a evitar una catástrofe nuclear.
La tecnología puede contribuir en parte a esta tarea. Los avances en imágenes por satélite, sensores remotos y análisis de datos pueden aumentar la transparencia y la supervisión del cumplimiento de los acuerdos de control de armamentos. Pero también hay que hacer mucho más para evitar situaciones que puedan precipitar una guerra. Si los Estados con armas nucleares acuerdan reducir su disponibilidad operacional y reforzar la comunicación en momentos de tensión, los gobiernos contarán con más tiempo y más medios para desactivar las crisis. Cada país debe proteger sus sistemas de mando y control frente a los ciberataques y la manipulación informativa impulsada por la IA, de modo que una falsa alarma o un error de cálculo no desencadenen jamás una guerra nuclear.
Por último, es prioritario trabajar para garantizar que el sistema de justicia internacional pueda hacer cumplir las decisiones de los tribunales. Desmantelar la Corte Penal Internacional, como pretenden algunos países, solo aseguraría la impunidad de los crímenes más atroces. La CPI no solo debe investigar y juzgar los casos de genocidio, agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sino también contar con la autoridad necesaria para llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes. Cuando un Estado pasa a ser parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, acepta someterse a la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, si ese Estado se niega a cooperar o a entregar a un sospechoso, no existe una sanción efectiva, sino apenas una llamada de atención. Esto debe cambiar. Los Estados que den cobijo a personas imputadas por la CPI deben afrontar consecuencias legales, diplomáticas y financieras. Iniciar y librar una guerra debe tener un coste real.
La reforma de las instituciones internacionales lleva años estancada, pero la próxima elección para la Secretaría General de Naciones Unidas ofrece una ocasión excepcional para darle un nuevo impulso. Que Naciones Unidas nombrara a su primera secretaria general sería un poderoso símbolo de renovación, inclusión y adaptación institucional. La organización no puede afirmar verdaderamente que habla en nombre de toda la humanidad mientras no la haya dirigido una mujer. Alcanzar este hito podría despertar una nueva ambición y reforzar la confianza en la capacidad de las instituciones internacionales para reformarse y para que recuperen su papel a la hora de poner freno a la guerra.
QUE LA GUERRA SEA INIMAGINABLE
Frenar la deriva del mundo hacia la guerra exigirá el compromiso más amplio posible. Ningún país, grande o pequeño, puede mirar hacia otro lado ni sumarse a las acciones que aviven la escalada. Todos debemos defender las normas internacionales que hoy ponen coto a la guerra y reformar y dotar de poder a las instituciones que mañana la harán imposible.
En última instancia, lo que hará inimaginable la guerra es una agenda de paz positiva que aborde las causas profundas de la inseguridad. Cada paso hacia la erradicación de la pobreza, la ampliación del acceso a una educación de calidad, el avance de la igualdad de género, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el aumento de la resiliencia ante los desastres naturales atenúa también las condiciones que engendran la violencia.
Las instituciones financieras internacionales deben ser capaces de proporcionar financiación con rapidez, a gran escala y a un coste razonable, para que ningún país en desarrollo se vea obligado a elegir entre atender su deuda e invertir en su población. Los bancos multilaterales de desarrollo deben poder movilizar fondos para las transiciones ecológica y digital, de modo que las migraciones climáticas y la disputa por los recursos no se conviertan en detonantes de conflictos entre Estados. Y el Acuerdo sobre Pandemias de la Organización Mundial de la Salud debe ultimarse y entrar en vigor para garantizar que todos los países puedan acceder a vacunas y tratamientos cuando llegue la próxima emergencia sanitaria mundial.
Por eso España ha procurado situar el desarrollo en el centro de su política exterior. El Gobierno español ha sido un firme defensor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030 y, el año pasado, la ciudad de Sevilla acogió la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, donde la comunidad internacional se comprometió a aligerar la carga de la deuda de los países vulnerables y a desbloquear inversiones para el desarrollo sostenible. España también ha promovido iniciativas como el Centro Global para Canjes de Deuda por Desarrollo, lanzado junto con el Banco Mundial; la Alianza multilateral por las Cláusulas de Suspensión de Deuda, que permite a los países vulnerables suspender el pago de su deuda tras una catástrofe; y un mecanismo propio para ofrecer hasta 60 millones de euros anuales en alivio de deuda a países en desarrollo. Además, España ha respaldado, junto con instituciones multilaterales y organizaciones internacionales, iniciativas de financiación climática, salud global, igualdad de género, seguridad alimentaria y protección social. Estas políticas de desarrollo son también políticas de construcción de paz.
Un proyecto ambicioso de movilización global en favor del derecho internacional y de un multilateralismo genuino puede parecer poco realista. Pero ya hemos visto lo que ocurre cuando la normalización de la guerra arrastra a la humanidad al infierno. Los hombres y las mujeres que se levantaron de entre las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, el capítulo más oscuro de nuestra historia, encontraron la manera de construir un orden mundial multilateral. La pregunta a la que se enfrenta nuestra generación es si seremos capaces de preservar el imperio de la ley o permitiremos el regreso de la ley de la jungla. Si construiremos el mundo del mañana con visión de futuro y cooperación, o a través del caos y del dolor de otra guerra mundial. Debemos elegir bien mientras la decisión siga estando en nuestras manos.
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